𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗦𝗮𝗿𝘇𝗼𝘀𝗮 𝗳𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗱𝗼𝗿 𝗽ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝘂𝗮𝗱𝗿𝗶𝗽𝗹𝗲𝗷𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮í𝘀, 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗘𝗷𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗷𝗼 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝘁𝗮𝗰𝗮𝗰𝗵𝗶, 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗝𝗼𝗺𝗮𝗿 𝗖𝗲𝘃𝗮𝗹𝗹𝗼𝘀. 𝗦𝘂 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗵𝗮 𝘀𝗶𝗱𝗼 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗹 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗼𝘀.
• “Si las palabras: sordo, mudo, lelo, manco, patojo, minusválido, paralitico dejan de ser una denominador común para adjetivar y agredir con nuestro lenguaje, contribuiríamos a debilitar la discriminación hacia las PERSONAS CON DISCAPACIDAD y a construir una mejor sociedad”, Daniel Sarzosa.
• “Hablamos en plural de querer construir una sociedad justa e incluyente, pero nos hemos puesto a pensar en singular: ¿si queremos esa sociedad justa e incluyente, construida desde uno mismo?” Daniel Sarzosa.
E: Las personas con discapacidad han luchado durante mucho tiempo para que sus derechos sean respetados, sin embargo, también hay gente que se ha aprovechado de ello. ¿Cuál es la situación de vulnerabilidad a la que se expone a las personas con discapacidad por la falta de ética y corrupción en los casos denunciados de venta de carné?
Las personas con discapacidad, alrededor de medio millón en el Ecuador, vemos con completa indignación los niveles de corrupción que ha alcanzado nuestro país y que hoy día afectan considerablemente, además, del abuso de los derechos ganados a través de la implementación de la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad.
Los atropellos van en diferentes vías que transgreden los beneficios que otorga la ley, desde la importación de vehículos de lujo o alta gama con carné emitidos de forma fraudulenta por el Ministerio de Salud Pública, quien asumió las competencias en el 2013 entregadas por el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. El aprovechamiento es vasto ya que los beneficios pueden ir desde: reducción del 50% en servicios básicos como luz, agua, internet, transporte público, comercial y marítimo; espectáculos públicos; telefonía celular post pago y planes de Internet; devolución del IVA y exoneración del Impuesto a la Renta; 50% de descuento en tasas y tarifas notariales, consulares y de Registro Civil; disminución en el pago de Impuesto Predial; acceso a becas en instituciones educativas, para citar unas cuantas. Como es de notar existe una integralidad de beneficios para quienes están en el poder o gozan de poder, abusan solicitando la emisión de carnets fraudulentos que podrían haber costado hasta $2200, de forma irregular fijaban porcentajes elevados de discapacidad para la obtención mayor de beneficios, sobre todo en importación de bienes de lujo.
La transgresión de los derechos ha sido un reiterativo ejercicio en las instituciones del Estado que perjudican a las luchas sociales de las minorías vulnerables, que con gran esfuerzo y reivindicaciones permanentes han logrado conquistas importantes. Seguramente estas mafias que operan en las instituciones públicas propiciarán una exposición mayor en el detrimento de los derechos de las personas con discapacidad.
Hace unos días el Presidente Lenin Moreno tomó la decisión de prohibir la importación de vehículos a personas con discapacidad, una decisión acelerada y anti técnica que perjudica considerablemente a quienes con justificación absoluta y con un carné de discapacidad legítimo, debieron haber estado por conseguir. Un sueño de muchos años después de haber saltado docenas de obstáculos para lograr el cumplimiento de los requisitos requeridos para la importación de un vehículo que beneficiará su autonomía y calidad de vida. Sin embargo, decisiones como estas afectan a las personas con discapacidad y sus derechos causadas por servidores públicos corruptos, políticos sin la menor calidad moral y principios.
E: ¿Qué acciones se tomarán por parte de las organizaciones de personas con discapacidad?
Una legítima indignación nos mueve a las personas con discapacidad en todo el Ecuador pidiendo cambios urgentes en el accionar del Ministerio de Salud Pública.
Varias acciones y respuestas frente a tanta injusticia se han dado a nivel de todo el país, desde la Asociación de personas con discapacidad de Cotacachi “Luchando por un porvenir”, ASOPERDIS, se ha exhortado públicamente en diferentes medios de comunicación a instituciones de control para que realicen acciones urgentes en favor del cumplimiento y respeto a los derechos de las personas con discapacidad. De la misma manera, a través de la Coordinadora nacional de discapacidades del Ecuador, organización con representantes de la sociedad civil de todo el país, se prepara documentos legales, con denuncias formales, para ser ingresados en Fiscalía, Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional del Ecuador.
Además, desde Cotacachi hemos solicitado públicamente a la
General del Estado un examen especial a las 180 Unidades de calificación del país, en el mismo sentido a la Fiscalía General del Estado y su titular Diana Salazar para que realice una investigación profunda que conlleve sanciones administrativas y penales a quienes han cometido estos actos de corrupción repudiables.
E: En Cotacachi, ¿cuántas personas han sido afectadas por esta situación?
Así como en todo el país, existen personas con discapacidad en nuestro cantón Cotacachi, que no han logrado obtener un carnet de discapacidad por la complejidad en la tramitología y justificación médica de su condición. Sin embargo, continuarán perseverando en ese camino de obstáculos buscando los beneficios de ley que otorga un carné de discapacidad.
Abogamos a que las instituciones competentes realicen una simplificación de trámites y un ejercicio operativo en la ruta del derecho a la obtención de un carné de discapacidad.
Aún quedan muchas acciones en contra de las personas con discapacidad por las que luchar, desde decisiones anti técnicas con tintes políticos por parte de autoridades locales hasta los grandes casos de corrupción de varias autoridades actualmente electas.
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